La noticia fue celebrada por los hinchas: la Selección Argentina tendrá transmisión abierta en el Mundial. El acuerdo con una empresa privada permitirá que los partidos se emitan sin utilizar fondos del erario público, según el comunicado oficial. La fórmula parece perfecta: acceso universal sin carga impositiva. Pero detrás del lema se esconde una contradicción.
El gobierno asegura que no habrá dinero de impuestos involucrado, pero no detalla cuáles son los costos y beneficios del acuerdo comercial ni cómo se financia la operación. En definitiva, se utiliza un medio público como plataforma, pero con financiamiento externo, lo que abre preguntas sobre la transparencia y la verdadera independencia de la transmisión.
La decisión también se lee como una marcha atrás respecto a lo anunciado el año pasado, cuando se había resuelto no financiar las transmisiones públicas del Mundial. El cambio responde a un cálculo político: evitar el “costo simbólico” de privar a millones de argentinos de ver a su selección en abierto. En un país donde el fútbol es identidad, el acceso gratuito a los partidos se convierte en un capital político que ningún gobierno quiere perder de cara a 2027.
El lema “para todos, sin el dinero de todos” suena atractivo, pero deja más preguntas que respuestas. ¿Quién paga realmente? ¿Qué gana la empresa que financia? ¿Qué rol cumple un medio público cuando se convierte en vehículo de acuerdos privados? Más allá de las respuestas, lo cierto es que el fútbol vuelve a ser terreno de disputa simbólica: un espacio donde la política busca legitimidad y donde la Selección, más que nunca, juega dentro y fuera de la cancha.